Piden un aplazamiento para el impuesto de las bebidas azucaradas

El sector de las bebidas ha solicitado a la Generalitat de Cataluña un aplazamiento de la entrada en vigor del nuevo impuesto a las bebidas azucaradas envasadas que, según los planes del Gobierno debería de ser efectivo a partir del próximo sábado.
Las empresas han mostrado su descontento y han comunicado que sector consideran del todo inviables los plazos marcados para la entrada en vigor del nuevo impuesto que fue aprobado por el Parlament de Cataluña el pasado 22 de marzo y debe comenzar a aplicarse el próximo 1 de abril.

Desde el sector se traslada la preocupación por la precipitada entrada en vigor en Cataluña de este impuesto que grava al sector de las bebidas azucaradas envasadas, una medida que en un principio ha creado mucha confusión y que complica la gestión de las compañías que operan en este tipo de mercado. Las empresas también destacan que no han tenido tiempo material para preparar sus sistemas de gestión para poder asumir el importante cambio que supone tener que recalcular y modificar el precio de una gran serie de productos antes del 1 de abril.

Diferentes obligaciones

Estas empresas tienen la obligación de hacer la liquidación del primer trimestre de aplicación del impuesto (abril, mayo y junio) el próximo 1 de julio, lo que exige tener todo el sistema listo para repercutir el impuesto este mismo fin de semana. La nueva obligación fiscal requiere de una serie de ajustes informáticos que tienen un alto coste económico y en tiempo para prepararlo todo, que además no se podrán realizar hasta que no se conozcan los requerimientos incluidos en su desarrollo reglamentario, pendiente de aprobación.

Desde las empresas del sector también se ha realizado la comunicación de que las implicaciones de este nuevo impuesto tampoco se ha trasladado de forma conveniente a los consumidores finales, que son los que saldrán más afectados por esta medida. No hay que olvidar que la ley específica que las empresas tienen la obligación de repercutir el impuesto al consumidor final, incorporando una cuantía que en algunos casos supera el 50% del valor del producto.